El pleno del Congreso del Estado aprobó por unanimidad las modificaciones a la Constitución Política del Estado, para crear el Sistema Estatal Anticorrupción.

Con ello, San Luis Potosí se incluye en la agenda nacional para el combate a la corrupción, al armonizar los preceptos constitucionales estatales con los federales para este fin.

El Sistema Estatal Anticorrupción combatirá abiertamente las conductas típicas de los funcionarios o personas que, en contacto con el poder público, busquen o adquieran un beneficio personal en detrimento del Estado, para lo cual es preciso alcanzar mayores estándares de buen gobierno, a través de asumir esfuerzos ejecutivos, concentrados en la prevención de los actos de corrupción, y no solamente en la sanción de los mismos, aunque este segundo aspecto deba modernizarse  bajo un esquema garantista efectivo en su aplicación. 

Asimismo, fortalecer los controles internos  y externos  para combatir a la corrupción  bajo un esquema legal, homogéneo  y coordinado, en el actuar de las autoridades competentes.

El Sistema Anticorrupción en el Estado estará representado  por un conjunto  de autoridades, elementos, programas y acciones que interactúan entre sí para el diseño, evaluación de políticas de educación, concientización, prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos  de corrupción,  así como la promoción  de la integridad  pública.

Contará  con un Comité Coordinador  integrado  por los titulares de la  Auditoría Superior del Estado; de la  Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; del órgano interno de control del Gobierno del Estado; y por el presidente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa; además de un Comité de Participación Ciudadana, conformado por el número de ciudadanos que establezca la normatividad aplicable, que se hayan destacado por su contribución a la transparencia y la rendición de cuentas o el combate a la corrupción; los que serán designados en términos de la legislación correspondiente.

Se materializa la obligación de todos los servidores públicos que establezca la ley, para presentar, bajo protesta de decir verdad, sus declaraciones patrimonial; y de intereses, ante las autoridades competentes, y en los términos que determine la ley. De igual manera, estipula que los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado, serán sancionados por la comisión de delitos derivados por hechos de corrupción. Por otra parte, las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por la Auditoría Superior del Estado y los órganos internos de control, o por sus homólogos en los municipios, según corresponda, y serán sancionadas por el Tribunal  Estatal de Justicia Administrativa.  Las demás faltas y sanciones  administrativas  serán conocidas y sancionadas por los órganos internos de control.

La propuesta para reformar la Constitución Política del Estado fue presentada por el gobernador, Juan Manuel Carreras López, y aprobada por el Congreso del Estado. 

Cabe recordar que el Congreso de la Unión ha dado ejemplo de la agenda que a nivel nacional debe imperar en el combate a la corrupción, al aprobar, el día 27 de mayo de 2015, la Reforma Constitucional por medio de la cual se crea el Sistema Nacional Anticorrupción.

En  términos de la  Reforma Constitucional  las entidades  federativas  tienen la  obligación  de  establecer  sistemas locales anticorrupción  con el objeto de coordinar  a las autoridades  locales competentes  en la prevención, detección  y sanción  de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como coordinarse con el Sistema Nacional Anticorrupción.