El presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Congreso del Estado, diputado Manuel Barrera Guillén,  solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado que les retiren los vehículos  blindados y de uso normal, así como el personal de escolta, armamento y utilitarios que fueron destinados al servicio de los ex funcionarios estatales que estuvieron al frente o vinculados en las distintas áreas de la seguridad pública, “no podemos permitir este tipo de prebendas”.

Sostuvo que a un año de que concluyó la administración estatal de Fernando Toranzo Fernández, es necesario que la Secretaria de Seguridad Pública en coordinación con la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado, reintegren los equipos y personal que se tenía destinado para la protección personal de los ex funcionarios, tomando en cuenta que la ley es muy clara en este sentido.

El legislador Manuel Barrera, dijo que “un año es suficiente para destinar personal de seguridad personalizada a los ex funcionarios que en su momento estuvieron encargados de la seguridad pública, por ello, considero que tanto los vehículos, equipos, armas y personal, deberán de ser reacomodados para cubrir otras áreas de la seguridad pública donde se requiere un mayor fortalecimiento”.

Dijo, “San Luis Potosí vive circunstancias diferentes en materia de seguridad pública, no es necesario que los ex funcionarios cuenten con este tipo de apoyos, lo mejor es que el equipo y el personal asignado a los exfuncionarios pueda ser utilizado para el fortalecimiento de las corporaciones”.

El presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Poder Legislativo, diputado Manuel Barrera Guillén, anunció que presentará una iniciativa de ley para terminar con cualquier tipo de prebenda que implique, el otorgar seguridad personalizada oficial a cualquier exfuncionario estatal.

Consideró que el costo de circular vehículos blindados, escoltas, el otorgar  viáticos y destinar armamento, representa un costo elevado para el Estado, por lo que es necesario reformar la ley de protección para que únicamente el ex gobernador en un periodo inmediato, así como su secretario general, puedan contar con una seguridad personalizada.