Lo único que pueden esperar los ciudadanos son represalias de la autoridad municipal cuando algo no le guste o alcen la voz, advirtió el diputado Manuel Barrera Guillén tras los hechos donde el diputado José Luis Romero Calzada sufrió agresiones en su persona y su casa de enlace, por personas que dijeron ser simpatizantes del ayuntamiento capitalino.

“Fuera de que el legislador mencionado intentó pintar la barda del panteón municipal de color blanco, es triste ver que fue afectada su integridad física y sus bienes materiales, mientras elementos de la Policía Municipal nada más estaban viendo, convirtiéndose en delincuentes por omisión y copartícipes de los hechos”, añadió.

El presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado manifestó que los integrantes de las corporaciones policiacas están obligados a intervenir siempre que haya un riesgo ante el ciudadano, de lo contrario, solamente dejan ver que más bien responden a intereses particulares, llámese de un alcalde, por encima del interés público.

“Es una situación que tendrá que estudiarse y ver si incurrieron en responsabilidades los policías, de ser así, deberán ser sujetos a un proceso y esto no es un tema ajeno a lo que se vive en toda la comunidad; vamos a recibir a gente de Villa de Zaragoza, porque en una fiesta matan a una persona adentro de una casa habitación, los policías vieron cómo inició la trifulca y no intervinieron”.

Expuso que “esto nos deja ver que tenemos una policía que requiere mucho apoyo como se ha exigido pero carece de una capacitación y responsabilidad que obligue a los elementos a intervenir cuando hay este tipo de connatos, porque es triste aceptar que no hay una policía preventiva”.

Barrera Guillén manifestó que si un policía un policía no interviene cuando se comete el delito y entonces no aporta los elementos necesarios para que un Ministerio Público pueda actuar y se interrumpe la cadena de mando en la aplicación de la justicia, “lo que es algo inaceptable en San Luis donde se pretende que bajen los índices delictivos, cuando en realidad ni siquiera existen protocolos de operatividad”.

La autoridad debe mandar a los policías municipales en beneficio de la ciudadanía, no de su partido político, puntualizó.