Sábado 21 de Noviembre 2026 San Luis Potosi, Hora Local 14:39,

LXIV LEGISLATURA


H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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Ampliar concepto jurídico de violencia económica en legislación.

 

Con el objetivo de ampliar el concepto jurídico de violencia económica, la diputada María Dolores Robles Chairez propuso una iniciativa para reformar disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia del Estado de San Luis Potosí.

 

La iniciativa busca incluir en el apartado de violencia económica, el incumplimiento injustificado de las obligaciones alimentarias por parte del agresor, siempre y cuando dicha omisión vulnere la subsistencia, la autonomía o la situación económica de la víctima.

 

La legisladora indica que la propuesta armoniza el marco legal local con los estándares internacionales de protección a los derechos humanos de las mujeres y el interés superior de la niñez. Además, dota a las autoridades administrativas y jurisdiccionales de herramientas conceptuales precisas para calificar la conducta.

 

De igual forma, pretende visibilizar una de las problemáticas más recurrentes, como lo es el abandono de obligaciones alimentarias, permitiendo así brindar un acceso a la justicia más integral, reconociendo que la autonomía económica es fundamental para erradicar cualquier tipo de violencia de género.

 

Añade que la precisión normativa resulta particularmente importante desde una perspectiva de prevención, pues reconocer de manera expresa esta conducta permite visibilizar una forma de violencia que puede prolongarse durante meses o años y que, en determinados casos, puede generar consecuencias que trascienden a la víctima directa y afectan también a niñas, niños y adolescentes que dependen económicamente de ella. Por ello, se hace necesario armonizar la protección jurídica de las mujeres con una visión integral de la violencia, reconociendo que la autonomía económica constituye un elemento indispensable para el ejercicio efectivo de otros derechos fundamentales.

 

Asimismo, la modificación permite otorgar mayor claridad a las autoridades encargadas de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, al proporcionarles un referente normativo expreso para identificar aquellas conductas en las que el incumplimiento de obligaciones alimentarias trasciende el ámbito patrimonial y se convierte en un mecanismo de afectación económica hacia la víctima.

 

La iniciativa se turnó para su análisis a la Comisión de Igualdad de Género.