El diputado Marco Antonio Gama Basarte presentó ante el Pleno del Congreso del Estado una iniciativa para reformar la Ley Federal de Derechos, con el propósito de crear el Fondo para el Desarrollo de Municipios y Estados Mineros, que garantice la distribución directa, proporcional y transparente de los recursos recaudados por la actividad minera.

La propuesta contempla reformar el primer párrafo del artículo 271 y el artículo 275 de dicha legislación, a fin de sustituir el esquema actual por un mecanismo que permita a los municipios y entidades federativas donde se desarrolla la extracción minera decidir sobre la aplicación de los recursos generados en sus territorios.

El legislador explicó que la iniciativa busca recuperar una distribución proporcional a la recaudación, sin intermediaciones discrecionales, para que los fondos se destinen a obras de inversión física con impacto social, ambiental y de desarrollo urbano positivo.

De acuerdo con el planteamiento, el 85 por ciento del total de los derechos recaudados se distribuiría entre los municipios y las entidades federativas con actividad minera, mientras que el 15 por ciento restante se destinaría a gastos de operación y al Gobierno Federal.

Del porcentaje asignado a los territorios mineros, el 62.5 por ciento correspondería a los municipios donde se realice la explotación y obtención de sustancias minerales, y el 37.5 por ciento a la entidad federativa correspondiente.

La iniciativa también establece que los gobiernos municipales y estatales podrán determinar los proyectos específicos en los que se aplicarán los recursos, siempre que correspondan a los rubros sociales establecidos en la ley. Para ello, deberán implementar mecanismos de participación ciudadana, conforme a la Ley General de Desarrollo Social.

Asimismo, propone que la distribución de los recursos se determine con base en el valor de la actividad extractiva de cada municipio respecto del total nacional, tomando como referencia el registro estadístico de producción minera que deberá elaborar la Secretaría de Economía para el ejercicio fiscal inmediato anterior.

Además se plantea que tanto los montos asignados como la metodología utilizada para su distribución sean públicos y accesibles, bajo los principios de transparencia y rendición de cuentas, con el objetivo de fortalecer la autonomía municipal y garantizar que los beneficios económicos de la minería se reflejen en el desarrollo de las comunidades donde se realiza esta actividad.

El dictamen será enviado a la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado para su análisis y dictamen, y en caso de aprobación, se presente como iniciativa al Congreso de la Unión.