El pleno del Congreso del Estado aprobó el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, para reformar el artículo 12 de la Constitución Política del Estado en materia del derecho a vivir en familia y el derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser adoptados, producto de una iniciativa que presentó la diputada Mireya Vancini Villanueva.

Se armoniza el texto constitucional local con el federal, a efecto de reconocer el derecho de las niñas, los niños y los adolescentes a vivir en familia y a ser adoptados, cuando ésta falte o no pueda vivir en ella. El objetivo es reconocer expresamente el derecho humano a la familia, proteger el desarrollo integral de las personas en un núcleo familiar, y el derecho humano a ser adoptado.

Funciona como una medida de restitución para garantizar que niñas, niños y adolescentes sin cuidado parental vivan en una familia, priorizando siempre el interés superior de la niñez por encima del deseo adulto, para promover, respetar, garantizar y proteger el interés superior de las niñas, los niños y los adolescentes al ser adoptados, al efecto que se integren a una familia.

En este sentido, la Procuraduría Federal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (PFPNNA) señaló que, al cierre del 2023, había 81 personas menores habitando algún centro de asistencia social del DIF, de los cuales 70 de ellas ya se encontraban en proceso de adopción y 56 estaban consideradas como susceptibles de ser adoptadas.

Además, la mencionada Procuraduría señaló que, durante el 2023, había 335 menores de entre 0 y 17 años que estuvieron registrados en su base de datos, de los cuales, 209 concluyeron el proceso de adopción.

La reforma tiene por objeto reconocer en la Constitución del Estado, el derecho que tienen las niñas, niños y adolescentes a vivir en una familia, y a falta de ésta o que no puedan vivir en ella por cuestiones que pongan en riesgo su integridad, establecer el derecho a que puedan ser incorporados a una familia a través de la adopción, con el fin de que las y los menores que vivan en nuestra entidad, puedan gozar plenamente de este derecho fundamental para ellos.

En todas las decisiones y actuaciones del Estado, se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Este principio deberá guiar el diseño, seguimiento, ejecución, y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho a vivir en familia y a ser adoptados, así como a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.

Los ascendientes, tutores, y custodios tienen el deber de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. Las autoridades proveerán lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos, y otorgarán facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.