La diputada María Dolores Robles Chairez propuso una iniciativa para reformar los artículos 5 y 6 de la Ley de las Personas Adultas Mayores del Estado de San Luis Potosí, para reconocer su derecho a estar acompañadas por una persona de su confianza durante la realización de cualquier trámite, gestión, procedimiento o actuación ante instancias gubernamentales y del sector privado.

Además, la modificación busca armonizar el concepto de persona adulta mayor conforme a los estándares de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, para establecer que se entenderá por personas adultas mayores a toda persona de sesenta años o más de edad, atendida bajo una perspectiva de igualdad, no discriminación y protección reforzada de sus derechos humanos.

En su exposición de motivos, la legisladora indica que el envejecimiento de la población constituye uno de los fenómenos sociales más significativos del siglo XXI, razón por la cual, en entidades como San Luis Potosí, plantea desafíos importantes, para el diseño de políticas públicas y la actualización del marco jurídico.

Bajo este contexto, es que las personas adultas mayores no solo representan un grupo en crecimiento, sino también un sector que históricamente ha enfrentado condiciones de desigualdad, exclusión y vulnerabilidad.

En la actualidad, este sector se enfrenta dificultades al interactuar con instituciones gubernamentales y establecimientos privados, en las que la digitalización de trámites, la complejidad de los procedimientos administrativos y, en muchos casos, la falta de sensibilidad e inclusión, por parte del personal de atención, generan escenarios en los que las personas adultas mayores quedan en desventaja.

Por ello, al permitir que una persona adulta mayor acuda acompañada a realizar algún trámite, no solo facilitará la comprensión del procedimiento, sino que también brinda seguridad, confianza y protección frente a posibles abusos, dado que en muchos casos, la presencia de una persona acompañante puede ser determinante, para que la persona ejerza sus derechos, de manera informada.

La iniciativa se turnó para su análisis a la Comisión de Derechos Humanos.