Para favorecer los mecanismos de trasplante renal, con un enfoque prioritario en pacientes pediátricos, a propuesta de la diputada Frinné Azuara Yarzabal, el Pleno del Congreso del Estado aprobó reformar la Ley de Donación y Trasplantes para el Estado de San Luis Potosí.

La legisladora indicó que se trató de una solicitud directa del Centro Estatal de Trasplantes CETRA, ante el riesgo vital que enfrentan menores en lista de espera con indicación de trasplante renal.

Señaló que esta  modificación tiene como propósito transparentar los procesos hospitalarios mediante reportes mensuales al Centro Estatal de Trasplantes, (CETRA); profesionalizar la función de los coordinadores hospitalarios con capacitación obligatoria semestral; mandatar campañas permanentes de sensibilización ciudadana de promoción de donación de órganos; incorporar un capítulo específico sobre trasplante pediátrico; reconocer el trasplante renal como estrategia prioritaria dentro de un modelo integral de atención a la Enfermedad Renal Crónica (ERC) y modernizar el Registro Estatal de Donadores y Receptores, haciéndolo digital, interoperable y transparente.

Con esta modificación, se adiciona el artículo 52 Bis, que establece prioridad obligatoria para pacientes pediátricos, obligando a las unidades médicas a garantizar evaluación, estudios de compatibilidad, tratamiento y seguimiento preferente, con un plazo máximo de ocho meses para realizar el trasplante, salvo causa médica justificada y documentada.

Se adiciona el Título Sexto, denominado “Del Fomento a la Cultura de Donación, Información Hospitalaria, Capacitación y Evaluación Permanente”, orientado a fortalecer el Sistema Estatal de Donación y Trasplantes; incorporación de contenidos sobre donación altruista en los planes de estudio de educación básica y media superior, mediante la implementación de campañas permanentes de promoción a la donación, con metas cuantificables y resultados públicos.

La obligatoriedad del reporte mensual de defunciones y potenciales donantes por parte de hospitales y clínicas; capacitación y certificación semestral obligatoria para los coordinadores hospitalarios de donación y trasplantes.

Explicó que estas reformas salvarán vidas, ya que el trasplante renal duplica la probabilidad de supervivencia a seis años en comparación con la diálisis.

En la población infantil, esta intervención temprana puede significar décadas de vida productiva y con calidad; además se optimizará el gasto público, ya que el costo acumulado a seis años de un trasplante es significativamente menor al de las terapias dialíticas. Esto liberará recursos que podrán destinarse a la prevención y a la ampliación de la cobertura en salud.

La legisladora apuntó que a nivel nacional, según datos del Centro Nacional de Trasplantes  son más de 22,900 personas que esperan un órgano, de los cuales más de 16,700 son renales.

Con esto, San Luis Potosí garantiza justicia intergeneracional bajo el principio del interés superior de la niñez.