Con el objetivo de fortalecer el funcionamiento del Padrón Estatal de Personas Deudoras Alimentarias Morosas, establecer mecanismos de coordinación institucional y garantizar su carácter público, la diputada Jessica Gabriela López Torres propuso una iniciativa para reformar los artículos 167 BIS y 167 TER del Código Familiar Para el Estado de San Luis Potosí.

De esta manera, propone actualizar la definición de Padrón Estatal de Personas Deudoras Alimentarias Morosas, entendido como el registro administrativo que concentra y sistematiza la información de las personas que han incumplido obligaciones alimentarias, con la finalidad de contribuir a garantizar su cumplimiento y proteger el interés superior de niñas, niños y adolescentes, como el principio de reciprocidad alimentaria.

Se considera como persona deudora alimentaria morosa a aquella que, teniendo la obligación de proporcionar pensión alimenticia ordenada por mandato judicial o establecida mediante convenio judicial, deje de suministrarla por más de sesenta días continuos, o deje de cubrir cuatro pensiones en un periodo de dos años.

El Padrón Estatal de Personas Deudoras Alimentarias Morosas estará a cargo del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, a través de la Secretaría General, quien será responsable de su integración, administración, actualización y resguardo, en términos de la legislación aplicable.

Se busca establecer que la  información contenida en el padrón sea de carácter público y deberá estar disponible para su consulta en medios electrónicos oficiales, en observancia de los principios de interés superior de la niñez, máxima protección y debida proporcionalidad, garantizando la salvaguarda de los datos personales de las personas acreedoras alimentarias, especialmente cuando se trate de niñas, niños o adolescentes.

Se indica que esta iniciativa pretende establecer avances de manera gradual en el fortalecimiento del padrón, consolidándolo como una herramienta funcional, accesible y efectiva, ya que se trata de construir un modelo normativo progresivo que permita, en una primera etapa, mejorar la operación del padrón y, en el futuro, incorporar mecanismos adicionales que refuercen su eficacia.

Señala que el derecho de alimentos constituye una prioridad de carácter urgente e inaplazable, que no admite dilaciones ni excepciones, ya que de él depende la subsistencia de las personas acreedoras. El incumplimiento de esta obligación no puede ser considerado un asunto menor, sino una problemática que requiere la intervención decidida del Estado para garantizar su cumplimiento.

La iniciativa se turnó para su análisis a la Comisión Segunda de Justicia.