La diputada María Antonia Castro Castañeda presentó una iniciativa de reforma a la Ley para la Atención y Protección de las Personas con la Condición de Espectro Autista, para incorporar la perspectiva de género en el marco normativo, atendiendo una demanda social creciente que exige políticas públicas más sensibles a la diversidad y comprometidas con la dignidad de las personas.

La planeación institucional mediante la formulación de programas, objetivos, metas, estrategias y acciones con perspectiva de género, permite visibilizar problemáticas que de otro modo permanecerían ocultas, como la subdetección de autismo en niñas o la sobrecarga emocional y física que enfrentan las mujeres cuidadoras que asumen la responsabilidad sin apoyo suficiente.

En cuanto a la coordinación interinstitucional, la incorporación de la perspectiva de género fortalece su función al garantizar que los acuerdos adoptados no solo busquen eficiencia administrativa, sino también equidad sustantiva, promoviendo una articulación efectiva entre dependencias que permita atender las necesidades diferenciadas de la población objetivo, evitando omisiones institucionales que perpetúan desigualdades y afectan la calidad de vida de las personas.

La diputada María Antonia Castro dijo que la incorporación de este enfoque no solo responde a compromisos internacionales en materia de derechos humanos e igualdad de género, sino que también atiende una demanda social creciente que exige políticas públicas más sensibles a la diversidad y más comprometidas con la dignidad de las personas.

La desigualdades estructurales entre mujeres y hombres, no solo persisten en los ámbitos económicos y sociales, sino que también se manifiestan en el acceso a diagnósticos oportunos, tratamientos adecuados y servicios integrales, lo cual genera brechas que impactan de forma diferenciada a niñas, adolescentes y mujeres que viven con esta condición y que históricamente han sido invisibilizadas dentro de las políticas públicas.

Integrar la perspectiva de género no solo se trata de ampliar cobertura o mejorar servicios, sino de garantizar que estos respondan a las necesidades específicas de mujeres y hombres, considerando factores como roles de cuidado, estigmatización, diagnósticos tardíos y barreras culturales que afectan de manera diferenciada el acceso a servicios de salud, educación y apoyo social, generando emociones como frustración, agotamiento e incertidumbre en las familias y en las propias personas con esta condición.

La iniciativa se turnó a las comisiones de Derechos Humanos, con opinión de Igualdad de Género.