Con el objetivo de fortalecer la protección efectiva de la fauna silvestre frente a la caza furtiva o clandestina, la diputada Brisseire Sánchez López propuso modificaciones a la Ley de Protección a los Animales para el Estado de San Luis Potosí.

La iniciativa propone incorporar como atribución, la capacitación del personal de seguridad pública estatal y municipal en materia de detección de actos de caza furtiva y aplicación de protocolos de actuación, así como la realización de monitoreos en zonas prioritarias de vigilancia para fortalecer las acciones preventivas.

De este modo se busca mejorar la coordinación interinstitucional, incrementar la eficacia en la atención de estos hechos y favorecer la protección de la fauna silvestre y el bienestar animal.

La legisladora señala que San Luis Potosí existen extensas zonas rurales y áreas naturales donde la caza furtiva representa un riesgo permanente para especies de fauna silvestre. En muchos casos, el primer contacto con estos hechos recae en elementos de seguridad pública estatal o municipal, quienes requieren conocimientos específicos para identificar conductas constitutivas de ilícitos ambientales, preservar indicios y realizar la puesta a disposición ante la autoridad competente con estricto apego a la legalidad.

Señaló que se han mencionado algunas denuncias sobre presuntos casos de caza ilegal en la huasteca potosina, representado una de las principales amenazas para la conservación de la fauna silvestre en San Luis Potosí, especialmente cuando se trata de especies protegidas o en riesgo. Además, la propuesta está en congruencia al artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reconoce el derecho de toda persona a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar.

Agrega que la caza ilegal constituye una de las principales amenazas para la conservación de la fauna silvestre y el equilibrio de los ecosistemas. Esta actividad ilícita provoca la disminución de poblaciones de diversas especies, altera las cadenas tróficas y genera impactos ambientales que trascienden el ámbito ecológico, afectando también el desarrollo sostenible y el patrimonio natural de las presentes y futuras generaciones.

La iniciativa se turnó para su análisis a la Comisión de Ecología y Medio Ambiente.