El diputado Emilio Rosas Montiel presentó una iniciativa para modificar diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y la Ley del Sistema de Seguridad Pública, ambas del Estado de San Luis Potosí, a fin de homologarla con las disposiciones federales en la materia y reforzar las acciones de protección a mujeres, niñas y adolescentes.

El legislador indica que se busca homologar la legislación estatal con las recientes reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, destacando la denominación del propio Ordenamiento para establecer el término de “violencias” en sustitución del de “violencia”, al considerar que las mujeres, niñas y adolescentes pueden sufrir cualquiera de las violencias en la multiplicidad de formas que la ley en cita reconoce que se presentan en la vida de las mujeres, y que van desde la violencia física, hasta la patrimonial, vicaria o política, a fin de destacar en la propia ley que el objeto debe ser la prevención, atención, sanción y erradicación de todas y cada una de tales violencias.

Se establece que el Sistema Estatal para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, deberá garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias, reforzando las acciones de prevención, atención, investigación, sanción y reparación del daño respecto a mujeres, adolescentes, niñas y niños.

Se incluye lo relativo al Registro Nacional de  Medidas u Órdenes de Protección y la creación del Sistema Nacional para la Igualdad Sustantiva, y un mayor acompañamiento de la Secretaría de las Mujeres, en casos de alerta de género.

De igual forma, se actualizan disposiciones de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado, para establecer los mecanismos, programas y acciones tendentes a garantizar la seguridad pública de la población del Estado, con pleno respecto a los derechos humanos, con perspectiva de género, interseccionalidad, interculturalidad, enfoque diferenciado, y pública de la población del Estado, con pleno respecto a los derechos humanos, con perspectiva de género, interseccionalidad, interculturalidad, enfoque diferenciado, y pleno respeto al principio del interés superior de la niñez.

Se indica que el Estado desarrollará políticas en materia de prevención de las violencias y del delito con carácter integral, atención a las causas que los generan, así como programas y acciones para fomentar en la sociedad valores que induzcan el respeto al orden jurídico, la comunidad y la protección de las víctimas. La iniciativa se turnó para su análisis a la Comisión de Igualdad de Género.