El Congreso del Estado aprobó un Punto de Acuerdo a propuesta de la diputada Ma. Sara Rocha Medina, mediante el cual se exhorta a la Coordinación Estatal del IMSS-BIENESTAR para que, conforme a los lineamientos de la NOM-017-STPS-2024, garantice la dotación de elementos de protección y seguridad vial al personal en tránsito, de acuerdo con los riesgos identificados en el diagnóstico previo.

La legisladora señaló que la seguridad laboral y la protección institucional en las unidades médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) son fundamentales, ya que permiten asegurar la continuidad operativa del sistema de salud, protegen la integridad física y mental del personal, reducen el ausentismo, previenen la violencia hospitalaria y contribuyen a una atención médica de mayor calidad.

Asimismo, expuso que la protección del personal de salud debe dejar de ser una disposición meramente administrativa para convertirse en una garantía real, documentada y verificable, al advertir que la desmotivación y el desgaste laboral en unidades móviles son consecuencia de un sistema que exige resultados sin brindar condiciones suficientes de seguridad jurídica y laboral.

Rocha Medina consideró que la omisión en la aplicación de los oficios de comisión y de las medidas de seguridad establecidas en la NOM-017-STPS-2024 implica una responsabilidad ética y legal para la institución, que incluso podría derivar en litigios costosos y en la pérdida de confianza del capital humano, subrayando la importancia de la trazabilidad formal para profesionalizar la gestión pública en materia de salud.

Agregó que, la operación de unidades móviles y centros de salud ha funcionado históricamente bajo un esquema de “urgencia administrativa”, lo que ha retrasado la formalización de la seguridad laboral, situación en la que el personal realiza traslados para capacitaciones, entrega de indicadores del Sistema de Información en Salud (SIS) y movilización de insumos médicos sin contar con oficios de comisión debidamente establecidos.

Por último, destacó que esta carencia documental coloca al personal en una situación de vulnerabilidad durante sus traslados, aun cuando cumple instrucciones directas de la institución, lo que evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos administrativos y de protección laboral en el sector salud.