Las y los diputados integrantes de las comisiones unidas de Desarrollo Territorial Sustentable, Hacienda del Estado y Gobernación, aprobaron el dictamen que emite el Decreto por el cual se solicita al Congreso del Estado, autorizar al Poder Ejecutivo del Estado a través de la Junta Estatal de Caminos, lleve a cabo el proceso de licitación pública nacional para el desarrollo e implementación del proyecto consistente en el diseño, construcción, operación, conservación, mantenimiento y explotación de la Autopista Entronque 75D-Matehuala, tipo A4, con una longitud de 118.4 kilómetros.

El dictamen de la iniciativa enviada por el titular del Poder Ejecutivo José Ricardo Gallardo Cardona, será sometido a consideración del Pleno en la sesión extraordinaria del próximo martes para su votación correspondiente; el proceso de licitación pública nacional, deberá garantizar que la adjudicación del proyecto se lleve a cabo mediante convocatoria abierta, para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a monto inversión privada, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

El presidente de la Comisión de Gobernación, diputado José Luis Fernández Martínez, señaló que en los artículos transitorios del Decreto, se establece que el Poder Legislativo del Estado, considera viable y autoriza que el Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Junta Estatal de Caminos de San Luis Potosí, lleve a cabo cualquier acto necesario para la formalización y ejecución del proceso de licitación pública nacional y se determine la mejor propuesta a favor del Estado.

El Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Junta Estatal de Caminos deberá informar al Congreso del Estado, el inicio, trámite y conclusión del proceso de licitación pública nacional. Una vez concluido el proceso de licitación, el titular del Poder Ejecutivo deberá acudir nuevamente al Poder Legislativo para que se le autorice la concesión correspondiente hasta por un periodo de 40 años.

En la exposición de motivos se establece que el desarrollo e implementación de proyectos carreteros contribuyen a fortalecer a la industria estatal en sus procesos de producción, distribución y comercialización, haciéndola más productiva y competitiva, mediante el transporte de mercancías, personas e información, lo que permite el acceso a recursos económicos adicionales al País, y en específico para el Estado de San Luis Potosí.

Este proyecto carretero es congruente con el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027, en específico con el Eje Rector 3. Economía Sustentable para San Luís, numeral 3.3. Infraestructura y Agenda Urbana, el Objetivo 5. Fortalecer los proyectos de conservación, modernización y construcción de la red vial terrestre del Estado con visión de desarrollo regional e intermodal bajo el principio de igualdad para todas las personas.

Tiene como objetivo incrementar la oferta de infraestructura vial en la región, ya que permitirá una mayor movilidad de personas, bienes y servicios, mejorando los tiempos de traslado, cuidando en todo momento el impacto en el medio ambiente, y en consecuencia se fomentará el impulso económico de las zonas en las que se desarrollará la autopista.

La autopista entronque 75D-Matehuala es un proyecto autofinanciable, por lo que a partir del minucioso análisis del Proyecto, la Junta Estatal de Caminos de San Luis Potosí, considera que el desarrollo, construcción y puesta en operación de la Autopista Entronque 75D-Matehuala, generará diversos beneficios sociales y económicos, sin aportaciones económicas por parte del Poder Ejecutivo del Estado.

La autorización que el Poder Ejecutivo le solicita al Congreso del Estado, es con el propósito de transparentar y dotar de legalidad a la ejecución de la citada obra en beneficio de los potosinos, cuya inversión y ejecución estará a cargo netamente de la iniciativa privada, por lo cual, el Estado no erogará recursos públicos de ninguna naturaleza.

Por ello, se pretende licitar de manera pública y nacional, permitiendo a los interesados presentar sus propuestas de manera libre y segura, garantizando por parte del Estado, la igualdad de oportunidades, la seguridad jurídica al conocer las reglas claras del proceso, y permitir el escrutinio público para verificar la eficiencia y honestidad de los procedimientos licitatorios.