En comisiones unidas de Hacienda del Estado; y Desarrollo Económico y Social, se dieron a conocer las opiniones planteadas por los quejosos sobre el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2024, en cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Colegiado Especializado en Materia Civil y Administrativa del Noveno Circuito y del Juzgado Primero de Distrito.

En la reunión que se celebró en el Museo “Laberinto de las Ciencias y las Artes”, el presidente de la Comisión de Hacienda del Estado de la LXIII Legislatura, diputado Roberto Ulices Mendoza Padrón, informó que entre las principales propuestas planteadas, se encuentran: que exista una unidad que atienda las necesidades de las personas con discapacidad y les dé seguimiento; que existan intérpretes en lenguas de señas en todos los niveles educativos y en las dependencias públicas para que no tengan barrera al momento de hacer trámites.

Además, plantearon la necesidad de que existan viviendas adaptadas para familias con personas con discapacidad; ampliar y hacer más eficiente la atención en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE); acceso a la educación superior a personas sordas; apoyo para traslado de las personas con discapacidad para que reciban terapias, para asistir a escuelas y centros laborales.

Promover empleos dignos y de calidad a personas con discapacidad; capacitar a las personas con discapacidad en el desarrollo de algún oficio; facilitar interpretes para la defensa de los derechos laborales; mejorar la movilidad en las zonas urbanas y rurales para las personas con discapacidad; preparar a deportistas con discapacidad para competir en alto rendimiento; apoyar el deporte adaptado.

Por su parte, la diputada Liliana Guadalupe Flores Almazán, vicepresidenta de la Comisión de Hacienda del Estado, informó que “ya hemos realizado dos mesas de trabajo con personas con discapacidad y representantes de organizaciones civiles, quienes nos han planteado sus inquietudes y sus principales necesidades que piden sean incluidas en el Plan Estatal de Desarrollo”.

Con estas reuniones el Congreso del Estado da cumplimiento a la sentencia dictada por los tribunales: ahora, el siguiente paso será una próxima reunión el próximo 20 de agosto, para integrar el documento final.