Jueves 26 de mayo de 2016.

A fin de que el estado pueda obtener una recuperación por los vehículos que son abandonados por sus dueños tanto en vía pública como en los depósitos vehiculares, el diputado Gerardo Serrano Gaviño presentó en sesión ordinaria una iniciativa de reforma a la Ley para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados, Embargados o Abandonados para el Estado de San Luis Potosí.

Mediante esta reforma, se incluyen como bienes asegurados aquellos que hayan sido recogidos por las autoridades de tránsito, teniendo por objeto evitar el hacinamiento o saturación de vehículos en la vía pública o en los establecimientos de depósito vehicular.

Con ello, se contribuirá a la reducción de riesgos a la seguridad, medio ambiente y salud pública, siempre que no estén afectos a una investigación de naturaleza penal o bien, y que se encuentren abandonados en la vía pública dentro de la circunscripción territorial de la Entidad, que sean localizados por la autoridad de tránsito competente, o a través de una denuncia ciudadana.

“Estamos hablando de vehículos que no son reclamados por los dueños en cierto tiempo o bien que se convierten en chatarra en la vía pública, es una iniciativa para que el estado pueda tomarlos como chatarra y que incluso se puedan vender por el mismo estado y tengan un ingreso por la venta de estos autos que al final de cuentas contaminan porque se han convertido en chatarra y además no sirven para nada”

Indicó que por ello es que esta iniciativa busca ampliar el concepto sobre los bienes considerados como asegurados, para incluir a aquellos vehículos que ya son considerados como desechos ferrosos o chatarra, lo cual permitirá al Ejecutivo del Estado a través de la autoridad competente, dar un destino adecuado a éste tipo de vehículos o deshechos según corresponda.

Agrega que estas acciones permitirán contar con mejoras para la protección del medio ambiente, al evitar la proliferación de fauna nociva, así como mejorar la seguridad en la vía pública, al evitar que se encuentren vehículos que puedan ser utilizados para delitos.

Esta iniciativa fue turnada para su análisis a las Comisión de Justicia; y Comunicaciones y Transportes.