A fin de brindar una atención integral a mujeres y hombres indígenasque han sido víctimas de delito, la legisladora María Rebeca Terán Guevara presentó una iniciativa de reforma al artículo 4° de la Ley para el Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado; y al artículo 25 Bis de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de San Luis Potosí.

Estas reformas tienen por objetivo el que el Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado cuente por lo menos con un intérprete que permita garantizar la correcta atención personalizada a mujeres y hombres indígenas que han sido víctimas de delitos, para orientar y canalizarlas ante las autoridades competentes.

“Lamentablemente muchas veces nos encontramos con un problema muy común y recurrente, como lo es, que acudan personas de comunidades indígenas al Instituto, en busca de asesoría u orientación de cualquier índole y que hablan determinadas lenguas propias de sus respectivas comunidades, lo cual dificulta que el personal operativo del Instituto pueda brindar el apoyo y la atención correspondiente a las personas, de forma adecuada y de manera individualizada a cada asunto”, manifiesta la legisladora.

Por ello, explica, se debe contar con al menos un servidor público subalterno dependiente del área de desarrollo jurídico del Instituto, que preferentemente cuente con título en derecho, que  auxilie a las diferentes áreas operativas del mismo, y domine de manera adecuada por lo menos las tres principales lenguas indígenas en el Estado: Náhuatl, Huasteco y Pame. 

Señala que de esta manera, el Instituto podrá llevar a cabo un mejor apoyo a la comunidad indígena para atender de manera adecuada sus peticiones, poniendo especial atención a las mujeres indígenas víctimas de violencia. 

“Con esto, como Congreso del Estado de San Luis Potosí no solo damos cumplimiento a lo propuesto por las comunidades en la consulta indígena del año 2013, sino además atendemos, al exhorto dirigido por el Senado a esta Soberanía en relación a incorporar en nuestra legislación secundaria, orgánica y procesal, las normas necesarias para hacer efectivo el derecho de acceso a la justicia de los pueblos indígenas mediante servicios de traducción e interpretación, y salvaguardamos los derechos humanos de nuestra población indígena”.

Esta iniciativa se turnó para su análisis a las comisiones de Asuntos Indígenas; Derechos Humanos, Equidad y Género; y, justicia.