Con el objetivo de mejorar el acceso de la ciudadanía a los servicios públicos, mediante la digitalización de trámites y buenas prácticas regulatorias, la diputada Ma. Sara Rocha Medina presentó una iniciativa para reformar el artículo 8º de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí.

La iniciativa plantea que las autoridades estatales y municipales, en coordinación con la Federación, implementen políticas públicas orientadas a la simplificación administrativa y digitalización de trámites y servicios, así como buenas prácticas regulatorias y el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas del sector público.

La legisladora explicó que la iniciativa se sustenta principalmente en el derecho a la inclusión digital y en la obligación del Estado de generar las condiciones necesarias para fomentar el desarrollo económico y la competitividad, procurando una distribución justa de sus beneficios.

Señaló que uno de los objetivos es impulsar una cultura de respeto a la ley que evite propiciar prácticas de corrupción, al mismo tiempo que se garantiza la inclusión digital de todos los sectores de la población, particularmente de quienes se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, como personas con discapacidad, comunidades indígenas y adultos mayores.

Rocha Medina destacó que la digitalización puede convertirse en una herramienta para simplificar los procesos administrativos, generar mayor transparencia y reducir los espacios de discrecionalidad que pueden favorecer actos de corrupción.

Destacó que la propuesta también contempla que el Estado contribuya al desarrollo y bienestar de las personas, grupos, comunidades y sectores sociales y económicos, mediante políticas coordinadas entre los tres órdenes de gobierno.

La diputada reconoció que la implementación de estas medidas representa diversos retos, entre ellos garantizar que las personas que viven en zonas rurales o tienen poco conocimiento sobre el uso de herramientas tecnológicas puedan realizar sus trámites digitales de manera sencilla y acceder efectivamente a los servicios públicos.

Consideró que la inclusión digital es indispensable para garantizar condiciones de equidad y permitir que todos los sectores de la población participen en la vida económica y social.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis y dictamen.