A propuesta del diputado Luis Felipe Castro Barrón, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado aprobó el dictamen que reforma diversos artículos de la Ley para la Atención y Protección de las Personas con la Condición del Espectro Autista del Estado de San Luis Potosí, para establecer un Registro Estatal de Personas con Condición del Espectro Autista, que contribuya a fortalecer la planeación de políticas públicas dirigidas a este sector.

La propuesta plantea que el Registro Estatal sea administrado por el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), mediante la infraestructura existente del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE).

El legislador plantea establecer, además que las autoridades del sector salud y los ayuntamientos proporcionen información para alimentar el Registro de manera periódica, con reportes trimestrales y semestrales, según corresponda, a fin de contar con información que permita al Estado planear y orientar los recursos públicos destinados a este sector con base en evidencia científica y territorial.

Castro Barrón señala que de acuerdo con la iniciativa, el Registro Estatal constituirá una herramienta estratégica para la planeación, implementación y evaluación de políticas públicas bajo un enfoque de derechos humanos, inclusión y equidad, al permitir conocer de mejor manera las necesidades de las personas con condición del espectro autista en las distintas regiones de la entidad.

El dictamen también propone incorporar un apartado específico de prohibiciones y responsabilidades para prevenir vulneraciones a los derechos humanos de las personas con condición del espectro autista y sus familias.

Destacó que entre las conductas que se busca prohibir se encuentra rechazar su atención en clínicas y hospitales públicos o privados; negar la orientación necesaria para obtener un diagnóstico y tratamiento adecuado; impedir o desestimar su traslado a instituciones especializadas cuando el personal no cuente con los conocimientos necesarios para brindar una atención adecuada; así como actuar con negligencia, realizar acciones que pongan en riesgo su salud, aplicar terapias riesgosas, indicar una sobremedicación que altere el grado de la condición u ordenar internamientos injustificados en instituciones psiquiátricas.

Consideró que contar con información sistematizada permitirá diseñar políticas públicas más eficientes y acordes con las necesidades reales de las personas con condición del espectro autista y sus familias.

El dictamen será turnado al Pleno del Congreso del Estado para su análisis y votación correspondiente.