El pleno del Congreso del Estado aprobó por unanimidad la reforma a los artículos 51 y 54 de la Ley de Salud del Estado de San Luis Potosí, para establecer medidas de orientación y atención por parte de las autoridades de salud estatal a las mujeres embarazadas en cuanto a su alimentación.

La iniciativa presentada por la diputada Lucila Nava Piña, fue dictaminada por la Comisión de Salud y Asistencia Social que presentó el dictamen a consideración del pleno por el que se establece también que la atención materna infantil, incluye la atención médica ginecológica dela madre durante el embarazo, el parto y el puerperio, e incluye también la atención psicológica que se requiera.

La diputada Guillermina Morquecho Pazzi, presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social manifestó que mediante esta reforma, las autoridades de salud tendrán como obligación el brindar acciones de orientación, seguimiento y vigilancia institucional, fomento a la lactancia materna, orientación durante el embarazo sobre el manejo y uso de alimentos con alto valor nutricional y bajo contenido calórico, resaltando su importancia durante la etapa gestacional y, en su caso, la ayuda alimentaria directa tendiente a mejorar el estado nutricional del grupo materno –infantil.

En la exposición de motivos de este dictamen, se señala la prioridad de que las mujeres en gestación cuenten con una alimentación adecuada para brindar los nutrientes necesarios al producto.

“El parto de una mujer desnutrida corre el riesgo de complicarse y, por lo tanto, de dar a luz consecuentemente a una hija o hijo desnutrido, lo que trae como consecuencia que la niña o el niño crezca y se desarrolle con retraso, o enferme y muera. Luego entonces, mientras menos pese una niña o niño, se encuentra con mayores riesgos de muerte, anemia, déficit de vitaminas, padecimientos cardiacos, obesidad o diabetes, son las consecuencias más próximas que puede tener un bebé mal nutrido al nacer”.

Mediante esta modificación, las autoridades de salud del Estado, deberán implementar políticas públicas direccionadas a mujeres embarazadas, con orientación sobre hábitos alimenticios con alto valor nutricional y bajo contenido calórico, como una medida preventiva, toda vez que lo que se busca evitar a futuro es la creación de políticas públicas que deban atender de forma paliativa los problemas de salud.

Esta reforma entrará en vigor luego de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.