Con el fin de evitar y sancionar la filtración y difusión de imágenes, videos y audios de víctimas de hechos violentos, la diputada Roxanna Hernández Ramírez propuso una iniciativa de reforma a diversas disposiciones del Código Penal del Estado de San Luis Potosí.

La iniciativa busca incorporar un tipo penal específico que sancione la difusión indebida de imágenes y material relacionado con víctimas y escenas del crimen por parte de servidores públicos, con el objetivo de evitar la filtración de información sensible, proteger la dignidad de las víctimas, evitar la revictimización de sus familias y fortalecer la confianza en las instituciones de justicia.

La reforma busca incorporar en el apartado de delitos cometidos por servidores públicos en la procuración e impartición de justicia, a quien por sí o por interpósita persona, sin autorización legal y con motivo del ejercicio de sus funciones en la procuración o impartición de justicia, divulgue, publique, transmita, comparta o entregue por cualquier medio imágenes, y/ o videos de cualquier registro de cadáveres, restos humanos, lesiones o de las circunstancias relacionadas con el fallecimiento de una persona, cuando dicha conducta vulnere la dignidad, privacidad o intimidad de la víctima o de sus familiares.

En estos casos, se propone establecer una pena de prisión de tres a ocho años y sanción pecuniaria de trescientas a un mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

La pena se aumentará hasta en una mitad cuando la víctima sea mujer, niña, niño o adolescente; o el contenido se difunda a través de medios de comunicación, redes sociales o plataformas digitales con fines de exposición pública o lucro.

Recordó que esta iniciativa parte del caso  de Ingrid Escamilla ocurrido en febrero de 2020 en la Ciudad de México, quien fue víctima de feminicidio por su pareja sentimental y después del hecho, se filtraron y difundieron imágenes de la escena del crimen y del cuerpo de la víctima. Estas imágenes circularon en redes sociales y medios de comunicación, generando una fuerte indignación social y un profundo daño a su familia.

Señala la legisladora Hernández Ramírez, que la reforma no busca limitar el derecho a la información ni la libertad de expresión, sino establecer límites claros frente a conductas indebidas que han generado daño social, institucional y humano, garantizando que ninguna persona sea expuesta de manera degradante tras su fallecimiento y reafirmando el compromiso del Estado con la dignidad humana en todas sus dimensiones.

La iniciativa se turnó para su análisis a la Comisión Primera de Justicia.