Revisión a iniciativas para implementar Sistema Estatal Anticorrupción
La LXI Legislatura, actuará de manera responsable para sacar adelante el paquete de reformas que envió el Gobernador Juan Manuel Carreras para la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción, que conlleva una reforma constitucional para crear la Fiscalía General del Estado y fortalecer las instituciones de San Luis Potosí.
La diputada Esther Angélica Martínez Cárdenas, destacó la importancia de que el Congreso Estado analice cada una de las iniciativas presentadas por el Ejecutivo con carácter de preferente, tomando en cuenta que su aprobación y entrada en vigor, permitirá que San Luis Potosí, cuente a la mayor brevedad posible con la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción.
“Es de suma importancia respaldar, el trabajo que el Gobernador Juan Manuel Carreras ha emprendido con relación al Sistema Anticorrupción, mismo que tiene carácter de prioritario en aras de erradicar prácticas indebidas y fortalecer a las instituciones de nuestro Estado” agregó la legisladora.
Dijo que en estos momentos es necesario trabajar en armonizar un conjunto de leyes cuya iniciativa, el Ejecutivo ya envió al Congreso del Estado y que establecen la conformación completa para este pueda a la brevedad posible entrar en vigor, “es necesario reformar y adherir disposiciones precisas a múltiples leyes Estatales para reforzar los esfuerzos desde todas las aristas posibles”.
La diputada Esther Angélica Martínez, recordó a principio de año, presentó una iniciativa que fue aprobada en el pleno para que en materia de feminicidio se contemplen sanciones a los funcionarios públicos que intervienen en el sistema de justicia penal y no hagan de manera adecuada su trabajo o incurran en acciones u omisiones que tengan como consecuencia la perpetuación de las condiciones que faciliten la comisión del delito.
Por último señaló que desde su trinchera ha presentado posicionamientos a favor del cumplimiento de las responsabilidades administrativas, de la obligación de los servidores públicos, de la presentación de declaraciones patrimonial, de conflicto de intereses y fiscal.