Con la finalidad de establecer como obligación el que el Poder Ejecutivo, a través de las dependencias gubernamentales que correspondan, publiquen como información de oficio las reglas de operación de los programas sociales, de acuerdo con la Ley de Desarrollo Social del Estado, la diputada Josefina Salazar Báez presentó una iniciativa de reforma a diversos artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de San Luis Potosí.

En su exposición de motivos, la diputada señaló que el gasto público en nuestro país debe ser transparente y sobre todo, orientado a resultados, y “particularmente aquel que se destina al combate de la marginación y la pobreza que lastima la calidad de vida de las y los potosinos”.

Indicó que con esta modificación, la ciudadanía contará con instrumentos para que, si una persona aspira a ser beneficiario de un programa, sabrá qué requisitos debe satisfacer, o bien si ya se recibe el mismo, conocer cuáles son los compromisos de corresponsabilidad que deben cumplirse para mantener la calidad de beneficiario del mismo.

Añade que hacer que las reglas de operación de los programas sociales sean parte de la información pública de oficio de las entidades de la administración pública estatal, “obstaculizará a los malos servidores públicos que pretendan condicionarlos, o darles un uso político, permitirá una mejor vigilancia por parte de la ciudadanía, e incluso de las autoridades electorales en caso de que se haga evidente alguna anomalía en su prestación”.

Así, las reglas de operación de estos programas sociales deben formar parte de la información pública que deberá darse a conocer de oficio por parte de los entes obligados; al hacerlo, se obligará a que con independencia del medio en que se dé a conocer la información, las reglas de operación siempre deberán estar disponibles en los medios convencionales en que los entes públicos la den a conocer”.

Agrega que el desafío de combatir la inequidad social, y garantizar a todas y todos los ciudadanos el derecho a la salud, una educación de calidad, la nutrición, una fuente de empleo estable, una vivienda en condiciones dignas y a vivir un medio ambiente sano, debe atenderse desde la implementación de políticas sociales transparentes, evaluables y que respeten la dignidad de las personas.

Esta iniciativa fue turnada para su estudio a las comisiones de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y, Desarrollo Económico y Social.