A propuesta del diputado Marco Antonio Gama, el pleno del Congreso del Estado aprobó reformar la Ley de Salud del Estado, para que, de conformidad con la suficiencia presupuestal, en los programas de entrega de insumos de salud menstrual gratuita, se considere a las mujeres y personas menstruantes recluidas en centros penitenciarios del estado.

Para ello, en su caso, se celebrarán convenios específicos entre la Secretaría de Salud y la autoridad penitenciaria.

Con estas acciones, además de priorizar a la población con mayor grado de marginación social y pobreza, también se considera a las mujeres y personas menstruantes privadas de su libertad en centros penitenciarios del estado.

Esto en observancia al principio pro-persona; a los derechos a la dignidad, a la igualdad, a la salud consagrados en los artículos, 1º, 4º, y 18, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el respeto a la dignidad humana y a la igualdad; en virtud de que sólo se está ampliando el universo de personas que, en su caso, y de conformidad con la suficiencia presupuestal, se beneficiarían con los insumos de salud menstrual gratuita.

El legislador manifestó que la higiene menstrual es un derecho humano que tiene que ver con la igualdad de género, la dignidad, y con otras garantías fundamentales como el derecho a tener agua y saneamiento, así como educación e información.

Un derecho cuyo ejercicio en nuestro país, se ve obstaculizado por la falta de conocimiento, la pobreza, y la falta de acceso a los insumos adecuados.

Tales circunstancias, pueden resultar más complejas para las mujeres y personas menstruantes que cumplen sentencias en centros penitenciarios, ya que su derecho a la salud, puede verse obstaculizado por la incapacidad de acceder a estos insumos por cuenta propia, a causa de una variedad de motivos.