Para fortalecer el marco normativo vigente en materia de seguridad, prevención y protección integral en los entornos escolares, mediante la actualización de las atribuciones de la Secretaría de Seguridad, incorporando enfoques contemporáneos de atención a las nuevas dinámicas de riesgo que enfrentan niñas, niños y adolescentes, la diputada María Antonia Castro Castañeda presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Prevención y Seguridad Escolar del Estado.

Expuso que en los últimos años, las comunidades educativas han enfrentado una transformación significativa en sus condiciones de seguridad, derivada no sólo de los riesgos tradicionales vinculados a la violencia o la delincuencia, sino también de fenómenos emergentes, como la violencia digital, el ciberacoso, el acceso no regulado a contenidos nocivos en entornos virtuales, así como el incremento de problemáticas relacionadas con adicciones y conflictos interpersonales dentro y fuera de los planteles escolares.

Ante este escenario, resulta indispensable que la actuación de las instituciones responsables de la seguridad pública no se limite a esquemas reactivos o de intervención puntual, sino que transite hacia modelos integrales de prevención, coordinación interinstitucional y construcción de paz en el ámbito escolar, con la participación activa de todos los sectores involucrados.

Informó la legisladora que la iniciativa propone ampliar y actualizar las facultades de la Secretaría de Seguridad para que pueda celebrar convenios de colaboración no sólo con dependencias gubernamentales y municipios, sino también con la sociedad civil, colectivos de madres y padres de familia y el sector privado, reconociendo que la seguridad escolar es una responsabilidad compartida que requiere la corresponsabilidad de toda la comunidad.

Asimismo, se fortalece su intervención en los procesos de revisión previstos en la ley, incorporando no sólo funciones de supervisión y asesoría, sino también el diseño e implementación de protocolos de actuación, así como mecanismos de mediación y resolución pacífica de conflictos, privilegiando en todo momento el respeto irrestricto a los derechos humanos, la perspectiva de género y el interés superior de la niñez y la adolescencia.

De igual forma, se considera necesario incorporar la obligación de implementar programas permanentes de capacitación y sensibilización dirigidos a docentes, estudiantes y personal administrativo, con el objetivo de prevenir la comisión de delitos, fomentar el uso responsable de las tecnologías de la información, así como identificar oportunamente situaciones de adicción y distintos tipos de violencia que puedan afectar el desarrollo integral de la comunidad escolar.

La iniciativa de la diputada María Antonia Castro se turnó a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología para su estudio y dictamen.