Incorporar medidas de apoyo a trabajadores víctimas de violencia.
Con el objetivo de establecer como obligación de las instituciones públicas del estado el promover, dentro de sus atribuciones y posibilidades presupuestales e institucionales, medidas de apoyo dirigidas a las personas trabajadoras que sean víctimas de violencia familiar, violencia de género o violencia sexual, la diputada Sara Rocha Medina propuso una iniciativa para reformar disposiciones de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí.
En dichas medidas de apoyo, se deberá garantizar en todo momento la confidencialidad de la información relacionada con su situación personal.
Asimismo, se propone que las instituciones procuren facilitar permisos o ajustes razonables en los horarios laborales para que las personas puedan acudir a recibir atención médica, psicológica o jurídica, evitando que el ejercicio de estos derechos tenga consecuencias negativas sobre su relación laboral.
De igual manera, se busca incorporar la obligación de abstenerse de realizar cualquier acto de discriminación o represalia derivada de la condición de víctima, así como implementar mecanismos internos de acompañamiento institucional y orientación respecto de los servicios públicos disponibles para la atención de la violencia.
La legisladora señala que estas medidas no representan privilegios, sino acciones mínimas encaminadas a garantizar condiciones de igualdad y proteger derechos fundamentales, ya que lo que se busca, es dotar de certeza jurídica a prácticas de apoyo que en algunos casos, ya se realizan de manera aislada, pero que actualmente carecen de un fundamento legal expreso y uniforme para toda la administración pública estatal.
Indica que la reforma propuesta responde a la necesidad de consolidar un servicio público comprometido con la protección de los derechos humanos, en igualdad entre mujeres y hombres y con la construcción de espacios laborales libres de violencia y discriminación.
La iniciativa se turnó para su análisis a las comisiones de Trabajo y Previsión Social; e Igualdad de Género.
