Para incorporar el concepto de “entorno seguro” en la Ley de Educación del Estado, la diputada Brisseire Sánchez López presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí.

La propuesta busca establecer el concepto de “entorno seguro” entendido como el conjunto de condiciones físicas, emocionales, sociales y digitales que deben prevalecer en los espacios vinculados con la actividad educativa, para garantizar la protección, el respeto, la inclusión, la accesibilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo integral de la comunidad educativa.

La diputada Brisseire Sánchez López afirmó que la educación constituye uno de los principales instrumentos y pilares para el desarrollo integral de las personas y por ello resulta fundamental la propuesta para la construcción de una sociedad democrática, incluyente, respetuosa y solidaria.

Para que el derecho a la educación pueda ejercerse plenamente, no basta con garantizar el acceso y permanencia de las y los estudiantes en los centros escolares; es indispensable que estos espacios sean lugares en los que puedan aprender, convivir y desarrollarse en condiciones de dignidad, respeto, protección y bienestar.

Señaló que las condiciones en las que se desarrolla la vida escolar tienen una incidencia directa en el aprendizaje, la convivencia y el desarrollo integral de las personas educandas, en especial para niñas, niños y adolescentes. La creación de entornos seguros es esencial para prevenir cualquier tipo de violencia, principalmente hacia niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Entorno seguro implica hacer del hogar, la escuela, el trabajo y la calle, un espacio libre de cualquier tipo de violencia; la seguridad dentro de los centros educativos no puede limitarse exclusivamente a la prevención de accidentes o a la existencia de infraestructura adecuada, sino también la prevención, identificación temprana, atención, denuncia y seguimiento de aquellas circunstancias que puedan vulnerar los derechos, la integridad, la dignidad, la salud, el bienestar o el desarrollo integral de las personas educandas.

La incorporación del concepto de “entorno seguro” permitirá fortalecer el marco jurídico estatal en materia educativa y proporcionar a las autoridades educativas una herramienta transversal para orientar políticas, programas y acciones encaminadas a garantizar espacios escolares protectores, inclusivos y respetuosos de los derechos humanos.

Puntualizó que esta iniciativa encuentra sustento en el reconocimiento constitucional del derecho de toda persona a la educación, así como en los principios de dignidad humana, igualdad, no discriminación, interés superior de niñas, niños y adolescentes y protección integral de sus derechos.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología para su análisis y dictamen correspondiente.