La diputada María Antonia Castro Castañeda propuso una iniciativa para reformar la Ley de Prevención y Seguridad Escolar del Estado, para actualizar y fortalecer las atribuciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en materia de prevención y seguridad escolar, atendiendo a los nuevos desafíos sociales, tecnológicos y comunitarios que enfrentan las instituciones educativas en el Estado.

De esta manera, se propone que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana deberá diseñar, aplicar, evaluar, desarrollar y actualizar permanentemente los programas estatales, así como ejecutar acciones estratégicas en materia de prevención, seguridad y reconstrucción del tejido social en los entornos escolares, priorizando el interés superior de la niñez y la cultura de paz.

En su exposición de motivos, la legisladora señala que en los últimos años, los centros escolares se han visto impactados por fenómenos cada vez más complejos, entre ellos el acoso escolar, la violencia digital, el consumo de sustancias psicoactivas, las conductas antisociales, así como la normalización de distintas expresiones de violencia que afectan directamente el desarrollo emocional, psicológico y académico de las y los estudiantes.

Estas problemáticas exigen que las instituciones públicas evolucionen hacia modelos preventivos más amplios, coordinados y con perspectiva de derechos humanos. En este sentido, la propuesta sustituye la denominación de “Secretario de Seguridad Pública” por “persona titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana”, en congruencia con la estructura orgánica vigente del Gobierno del Estado y con los principios de lenguaje incluyente que deben regir la elaboración normativa contemporánea.

La redacción vigente establece como atribución de la dependencia: aplicar y desarrollar programas, y realizar las acciones que le competen en materia de prevención y seguridad escolar. Si bien dicha disposición contempla funciones relevantes, resulta insuficiente para responder a los retos contemporáneos en materia de convivencia escolar y prevención social de la violencia, toda vez que no incorpora de manera expresa procesos fundamentales como el diseño, la evaluación y la actualización permanente de programas públicos, ni considera la importancia de la reconstrucción del tejido social como estrategia preventiva.

La diputada señala en su iniciativa que con ello, se fortalece el principio de mejora continua en las políticas públicas, permitiendo que las estrategias implementadas sean objeto de seguimiento, medición de resultados y ajustes periódicos para garantizar su efectividad. Asimismo, la reforma reconoce expresamente la importancia de la reconstrucción del tejido social como un elemento indispensable para la prevención de la violencia y la delincuencia.

Adicionalmente, se incorpora el enfoque de cultura de paz, entendido como el conjunto de valores, actitudes y comportamientos que promueven la solución pacífica de conflictos, el respeto a los derechos humanos, la inclusión, la tolerancia y la participación democrática.

La iniciativa se turnó a la Comisión de Niñas, Niños, Adolescentes, Juventud y Deporte; y Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología para su análisis y dictamen.