La Comisión del Trabajo y Previsión Social de la LXIV Legislatura aprobó un Punto de Acuerdo promovido por la diputada Ma. Sara Rocha Medina, mediante el cual se exhorta respetuosamente a la Coordinación Estatal del IMSS-Bienestar en San Luis Potosí a implementar medidas para proteger los derechos laborales del personal ante actividades, capacitaciones y comunicaciones digitales fuera de la jornada laboral.

La propuesta plantea establecer un Protocolo Institucional de Capacitación Virtual y Desconexión Digital, con el objetivo de garantizar que toda actividad de actualización formativa sea programada formalmente, notificada mediante canales institucionales oficiales y desarrollada estrictamente dentro del horario laboral.

Asimismo, se propone investigar, vigilar y, en su caso, sancionar a mandos medios y superiores que ejerzan presiones indebidas, hostigamiento laboral o amenazas relacionadas con el retiro de apoyos económicos, bonos o la imposición de sanciones por no atender comunicaciones fuera del horario de trabajo o mediante aplicaciones de mensajería instantánea no oficiales, como WhatsApp.

Rocha Medina, expuso que el Punto de Acuerdo, también plantea la realización de auditorías e inspecciones en materia de la NOM-035-STPS-2018, con la finalidad de evaluar los niveles de estrés y violencia laboral que pudieran estar generándose por cargas de trabajo digitales e informales en los centros laborales.

Durante el análisis de la propuesta se señaló que la falta de regulación formal y la normalización del uso de herramientas digitales informales pueden generar vulneraciones a los derechos laborales, particularmente cuando las actividades de capacitación o comunicación institucional invaden el tiempo de descanso del personal.

La legisladora señaló que la capacitación debe cumplir con su finalidad de fortalecer las capacidades de las y los trabajadores, elevar la productividad y contribuir a su desarrollo profesional, sin convertirse en un mecanismo para extender de manera informal la jornada laboral.

De igual manera, se advierte que el condicionamiento de apoyos económicos, bonos o incentivos como mecanismo de presión para realizar tareas virtuales fuera del horario laboral puede constituir una forma de violencia institucional y psicológica, por lo que resulta necesario establecer mecanismos de vigilancia y protección.

El Punto de Acuerdo será enviado al Pleno del Congreso del Estado para su respectiva votación.