El Poder Legislativo de San Luis Potosí aprobó adherirse al exhorto que el Congreso del Estado de Puebla hace al Congreso de la Unión en considerar los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para implementar los servicios básicos mínimos con los que tiene que contar la vivienda digna y decorosa, con el objetivo de que las Legislaturas estatales actualicen y armonicen su legislación para regular la política nacional en torno a una vivienda adecuada.

Las comisiones de Desarrollo Territorial Sustentable; y Derechos Humanos, Equidad y Género del Congreso del Estado, que presiden los diputados Jorge Luis Díaz Salinas y Dulcelina Sánchez de Lira, respectivamente, fueron las encargadas de emitir el dictamen correspondiente sobre este asunto y someterlo a votación ante el pleno de la LXI Legislatura.

En el dictamen aprobado se señala que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 1a. CXLVIII/2014 (10a.), estableció el estándar mínimo de infraestructura básica que debe tener una vivienda adecuada; sin embargo, ello no implica que el derecho fundamental a una vivienda adecuada se agote con dicha infraestructura, pues en términos de la Observación No. 4 (1991) (E/1992/23), emitida por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales  de la Organización  de las Naciones  Unidas,  el derecho  fundamental  referido  debe comprender, además de una infraestructura básica adecuada, diversos elementos.

Entre los cuales está el acceso a ciertos servicios indispensables para la salud, la seguridad y otros servicios sociales, como son los de emergencia, hospitales, clínicas, escuelas, así como la prohibición de establecerlos en lugares contamina dos o de proximidad inmediata a fuentes de contaminación.

Asimismo, dentro de los Lineamientos en Aspectos Prácticos respecto del Derecho  Humano  a la Vivienda  Adecuada,  elaborados  por el Comité  de Asentamientos  Humanos  de las Naciones  Unidas, se señaló que los Estados  debían asegurarse  de que las viviendas tengan  acceso a la prestación de servicios como recolección de basura, transporte público, servicio de ambulancias o de bomberos.

Ahora bien, el derecho a una vivienda adecuada es inherente a la dignidad del ser humano, y elemental para contar con el disfrute de otros derechos fundamentales, pues es necesaria para mantener y fomentar la salud física y mental, el desarrollo adecuado de la persona, la privacidad, así como la participación en actividades laborales, educativas, sociales y culturales.

Por ello, una infraestructura básica de nada sirve si no tiene acceso a servicios básicos como son: iluminación pública, sistemas adecuados de alcantarillado  y evacuación  de basura,  transporte  público,  emergencia,  acceso  a medios  de comunicación, seguridad y vigilancia, salud, escuelas y centros de trabajo a una distancia razonable.

De ahí que si el Estado condiciona el apoyo a la vivienda a que se resida en un lugar determinado, bajo la consideración de que lo hace con la finalidad de satisfacer el derecho fundamental a la vivienda digna y decorosa de los gobernados, la vivienda que otorgue debe cumplir no sólo con una infraestructura básica adecuada, sino también con acceso a los servicios públicos básicos, incluyendo el de seguridad pública ya que, en caso contrario, el Estado no estará cumpliendo  con su obligación  de proporcionar  las condiciones  para obtener  una vivienda  adecuada  a sus gobernados”; entre otras consideraciones.

Por ello, el Poder Legislativo de San Luis Potosí se adhiere  al exhorto que el Congreso del Estado de Puebla hace al Congreso de la Unión en este sentido.