Al comparecer ante el Poder Legislativo como parte de la glosa del primer informe de gobierno y a pregunta expresa de los diputados, el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Federico Arturo Garza Herrera, reconoció que los delitos en San Luis Potosí se han incrementado entre un 19 y 20 por ciento en relación al año pasado; que están pendientes por localizar 39 personas denunciadas como desaparecidas; que están en curso 80 denuncias en contra de agentes del Ministerio Público; que en el periodo que se informa tienen registrados 5 feminicidios; y que es falsa la publicación de la detección de una narcofosa en el municipio de Ciudad del Maíz.

Además, consideró que en 15 años más estará funcionando al ciento por ciento el nuevo sistema penal acusatorio en nuestra entidad; y aseguró que el caso de la exalcaldesa de San Luis Potosí, Victoria Labastida Aguirre, se encuentra en la quinta sala del Supremo Tribunal de Justicia, está sujeta a proceso y será en este caso esta sala la que dictamine respecto de la situación jurídica de la exfuncionaria.

Durante la comparecencia del funcionario, ante la presencia de familiares de personas desaparecidas y a pregunta expresa del diputado Oscar Carlos Vera Fábregat, el procurador señaló que en el periodo que se informa tenían registradas 314 personas desaparecidas y han sido localizadas 275, de las cuales 147 son mujeres y 128 hombres, quedando pendientes de localizar 39 personas, de las cuales 19 son mujeres y 20 hombres.

“Debo señalar que son cifras de la PGJE, los datos están basados en averiguaciones previas, están basadas en carpertas de investigación, tienen su sustento legal y esas son las cifras reales de la Procuraduría, y puede darse el caso de que existan algunas personas pero que no hayan presentado alguna denuncia y por esa circunstancia no pudiéramos nosotros tener la evidencia real, pero estos datos están sustentados, tenemos las pruebas suficientes”, expresó.

Ante el reclamo de los familiares de personas desaparecidas, el procurador explicó que no se refería a sus casos, sino a los registrados en este último año. Ahí, diputados y funcionario se comprometieron a sumar e instensificar los esfuerzos para tratar de dar con el paradero de las personas desaparecidas.

El procurador dijo que está por iniciar el Protocolo Alba, a diferencia de Alerta Amber, éste tiene por objeto el identificar todos los casos de mujeres desaparecidas, tanto menores como mayores, y esto ayudaría en mucho a tratar de localizarlas y que sus familiares tengan una mejor atención.

A pregunta de la legisladora Xitlálic Sánchez Servín, Garza Herrera informó que son 1066 denuncias en contra de servidores públicos en general que se encuentran en la visitaduría de la Procuraduría, en contra de agentes del Ministerio Público son 80 las que están en curso. De las 1066, 55 fueron consignadas y de las 80 en contra de agentes del MP en cuanto se integren las averiguaciones habrán de llevar a cabo la consignación y solicitar el ejercicio de la acción penal.

También señaló que tenían 240 mil averiguaciones en rezago y están trabajando al respecto y llevan más o menos un 20 por ciento abatiéndolo, “las averiguaciones no están olvidadas, se están llevando a cabo el desarrollo y desahogo de las mismas, como usted sabe el sistema tradicional se separó del sistema nuevo y estamos creando unidades especializadas para acabar con ese rezago, no hemos abatido el rezago en su totalidad porque sólo contamos con 260 agentes del Ministerio Público”.

A pregunta del diputado Manuel Barrera Guillén, el funcionario explicó que en relación a Victoria Labastida se ejercitó acción penal, cuando asumió el cargo de procurador ya se habían librado las órdenes de aprehensión, como consecuencia de ello ella se presentó voluntariamente ante el juez, declaró y como había interpuesto un amparo había quedado a disposición de un juez federal, y actualmente ella recurrió el auto de formal prisión que se dictó como consecuencia de su declaración preparatoria y el asunto se encuentra en la quinta sala del Supremo Tribunal de Justicia y está sujeta a proceso y será en este caso esta sala la que dictamine respecto de la situación jurídica de ella.

También respondió al legislasor que “respecto de familiares de personas desaparecidas que aquí se encuentran, hemos atendido a todos a través de la policía ministerial, se ha dado puntual atención, las líneas de investigación se están llevando a cabo, en todas y cada una de ellas se han agotado líneas de investigación, se han abierto otras líneas de investigación, la policía ministerial ha estado al pendiente, en algunos casos hay informaciones sensibles que no podemos nosotros por sigilo, por secreto decirlo aquí porque es información exclusiva de la familia, llevamos a cabo las líneas de investigación”.

Aseguró que es falsa la publicación de la detección de una narcofosa en el municipio de Ciudad del Maíz.

Respondió al legislador Barrera Guillén respecto al presunto líder de la CROC que fue baleado en Ciudad Valles y que apareció en una manta como parte de un grupo del crimen organizado e incluso se ofrecía una recompensa por él, que “checamos directamente con la Secretaría de Marina de la leyenda de la manta y recompensa y la Secretaría de Marina dijo que no manejan ese tipo de manta ni manejan ese tipo de lenguaje, y por tal motivo se desacredita la veracidad de la manta en relación a lo que es la Secretaría de Marina”.

También coincidió con Barrera Guillén en el sentido de que es necesario rotar al personal de la policía ministerial para evitar que se involucren o protejan a delincuentes.

A pregunta de la diputada Dulcelina Sánchez de Lira, el procurador indicó que se tienen registrados cinco feminicidios en el último año, uno en Ciudad Valles, otro en Aquismón, otro en Soledad de Graciano Sánchez, otro en San Luis Potosí capital y otro en Tamasopo.

Del caso de Tamuín, señaló faltas y omisiones porque “se llevó un procedimiento, una persona que en una sala del Tribunal de Justicia le consideran un beneficio porque en el momento en que fue detenido argumentó que hubo violaciones a sus derechos fundamentales, nosotros consideramos que ese criterio no aplica porque de alguna manera esta persona señaló dónde se encontraban los cuerpos, entonces nadie más sabría dónde estaban los cuerpos más que él, no obstante esta situación, los familiares de las víctimas llevaron a cabo la interposición del amparo toda vez que el agente del ministerio público no podía llevar a cabo ese cometido”.

A pregunta del diputado Enrique Alejandro Flores Flores, el procurador invitó al legislador a denunciar a quienes estén haciendo mal uso los vehículos de la Procuraduría para proceder en consecuencia, y aseguró que están ahorrando en gasolina, “antes se tenía un gasto disperso en gasolina, hoy hay un orden en esto y ahí lo importante de esto es que quien tenga evidencia de la comisión de un delito lo haga del conocimiento de la autoridad, la única forma de componer las cosas, la única forma de enmendar, es precisamente logrando los objetivos y haciendo que rindan los dineros”.

A pregunta del legislador Oscar Bautista Villegas, informó que la plantilla de personal de la Procuraduría se conforma con 253 agentes del Ministerio Público en todo el estado; 64 peritos; 460 policías ministeriales, aunque impulsan activar unas vacantes y si es así llegarían a 527; 134 de personal administrativo; 581 sindicalizados; y de personas que perciben honorarios y que están en la procuraduría son 31 personas, ese es el estado de fuerza de la corporación.

En su exposición, el procurador señaló que durante este periodo de octubre de 2015 a la fecha la policía ministerial en coordinación con las autoridades y corporaciones de otros órdenes de gobierno ha desarticulado 22 bandas de delincuentes con 87 integrantes de esas bandas detenidos, se destacan la presencia de algunas células en el estado de San Luis Potosí, a octubre de 2016 se suman 1714 detenciones en su totalidad, se han logrado 1627 detenciones mediante el cumplimiento de órdenes de aprehensión por diferentes delitos destacando entre ellos homicidios, robos, secuestros, extorsiones, violaciones, lesiones y violencia intrafamiliar.

En el Altiplano potosino se determinó que esa región se registraba una alta incidencia de homicidios, secuestros y extorsiones, venta de droga, pago de piso y demás actividades propias del crimen organizado, en el mes de diciembre de 2015 la policía ministerial detectó a un líder que era el que acosaba y llevaba a cabo toda esta acción delincuencial mismo que en la actualización se encuentra detenido.

En la Zona Media del Estado principalmente en los municipios de Cerritos, Villa Juárez, Ciudad del Maíz y El Naranjo se registraba incidencia de homicidios, extorsiones y cobro de piso por parte de la delincuencia organizada, ahí también se han presentado feminicidios uno ocurrido en Tamasopo y otra de una menor en Alaquines, logrando la detención de los implicados

En la zona huasteca principalmente lo que es Ébano, Tamuín y San Vicente Tancuayalab se han presentado diversos hechos delictivos que agravian a la huasteca como fue el secuestro a un doctor lográndose su rescate, dentro de los secuestros ocurridos en Ébano aún cuando fueron privados de su libertad y de la vida en anteriores administraciones fueron investigadas las causas y a la fecha se tienen detenidos a los responsables, en el municipio de Aquismón y Tampamolón se han presentado dos femicidios lográndose la detención de los responsables, asimismo se han ejecutado diversas ordenes de aprehensión por el delito de secuestro y homicidio y se lograron varias detenciones de integrantes del crimen organizado que tienen presencia en Ciudad Valles, en la huasteca sur también en Axtla de Terrazas se detuvo a personas que estaban inmiscuidas en el delito de robo calificado, homicidio calificado, asi como a personas que delinquían en Tamazunchale y Tampacán y Matlapa.

También expuso “debo señalar que el nuevo sistema penal acusatorio se encuentra al cien por ciento instalado en San Luis Potosí, el mismo se está aplicando, como lo he reiterado en varias ocasiones se tienen algunas complicaciones mismas que se han ido corregiendo y se seguirán corrigiendo, no es un sistema que pueda tener aplicación al ciento por ciento máxime que se integró al ciento por ciento en el estado hace cuatro meses, yo en lo personal soy de la idea de que este sistema estará funcionando al ciento por ciento aproximadamente en unos 15 años, y señalo esta circunstancia porque son 15 años los que se necesitan para que tres generaciones de abogados salgan y que sean estas personas quienes no estén contaminados del sistema anterior y puedan cumplir de mejor manera con su actividad”.

En la comparecencia también cuestionaron al procurador los diputados María Rebeca Terán Guevara, Jorge Luis Díaz Salinas, Héctor Mendizábal Pérez y Héctor Meraz, entre otros.