En sesión de trabajo, las Comisiones unidas de Asuntos Indígenas; Derechos Humanos; Puntos Constitucionales; Desarrollo Territorial Sustentable; y Ecología y Medio Ambiente del Congreso del Estado, aprobaron por mayoría y con modificaciones, el dictamen de reforma a la Ley de Consulta Indígena para el Estado y Municipios de San Luis Potosí.

Se destacó que entre los puntos relevantes se encuentra la participación bajo el reconocimiento de equidad y género, además de la funcionalidad de la Secretaria Técnica y la consulta a las comunidades y pueblos indígenas cuando el Estado o Municipios contemplen desarrollar megaproyectos que puedan afectar su entorno ambiental y desarrollo económico.

La diputada Bernarda Reyes Hernández, presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso del Estado, expuso que parte de las reformas de la Ley de Consulta Indígena para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, tiene por objeto establecer los mecanismos, bases, etapas, procedimiento, y los casos en que debe consultarse a los pueblos y comunidades indígenas y población afromexicana, a fin de garantizarles el derecho a la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada.

De igual forma, se establece que los programas de desarrollo urbano, y de centro estratégico de población, tomen en cuenta a este sector cuando afecten el territorio correspondiente a las comunidades indígenas.

Además, se plantea que el otorgamiento de concesiones, y demás instrumentos jurídicos otorgados por el Estado o Municipios que afecten el uso y disfrute de tierras o territorios, la biodiversidad y otros recursos naturales, particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos, hídricos, forestales, turísticos o de otro tipo, de las comunidades y pueblos Indígenas, y población afromexicana.

Se busca garantizar la elección del representante de la oficina de Atención a Pueblos y Comunidades Indígenas Municipal. Mientras que el Poder Ejecutivo, será el encargado de coordinar y concertar a la Entidad Normativa (grupo técnico operativo) con cargo al presupuesto del ente consultante.

La legisladora expuso que de igual forma se plantea conocer la opinión, la posición o las aportaciones de las comunidades indígenas y población afromexicana, sobre temas o asuntos trascendentes, derechos humanos colectivos o sobre su patrimonio tangible o intangible, relacionadas a sus condiciones de vida, o cuando pretendan instrumentarse medidas legislativas, administrativas o políticas públicas dirigidas a pueblos y comunidades indígenas de San Luis Potosí.

También se contempla permitir el diálogo intercultural y la construcción de consensos, y fortalecer la relación entre el Estado, los pueblos y comunidades indígenas, la población afromexicana y la sociedad. Para ello, se considera que entidad Consultante: los Poderes del Estado, los municipios, y las instituciones, dependencias, entidades u organismos de éstos, así como organismos constitucionales autónomos que se encuentren obligados a llevar a cabo las consultas con las pueblos y comunidades indígenas, y población afromexicana.

Se explicó que la iniciativa deja en claro que la Entidad Normativa: “Es el órgano estatal que vigila y observa el procedimiento de la consulta, y es integrado por los poderes Ejecutivo a través del Instituto de Desarrollo Humano y Social para los Pueblos y Comunidades Indígenas, Legislativo por la Comisión de Asuntos Indígenas, y Judicial por su Comisión de Justicia de Pueblos Originarios, y el Ayuntamiento correspondiente según sea el caso”.

Además, se establece que “el Grupo Técnico Operativo será constituido, únicamente por el periodo que duren los procesos de consulta, y podrá contar con el auxilio de consultorías técnicas y de especialistas en la materia para asesorarse sobre la metodología e instrumental de consulta que considere pertinentes, preferentemente del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y/o de la entidad normativa”.

El dictamen de reforma a la Ley de Consulta Indígena para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, será turnado al pleno del Congreso del Estado para ser analizado y en su caso aprobado.