La diputada Frinné Azuara Yarzábal presentó ante el Pleno del Congreso del Estado una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Salud Mental del Estado y Municipios de San Luis Potosí, con el objetivo de fortalecer la atención comunitaria, garantizar los derechos humanos y establecer mayores mecanismos de prevención del suicidio.

Destacó que la propuesta busca armonizar la legislación estatal con el modelo comunitario y de derechos humanos establecido en la Ley General de Salud, a fin de ampliar el acceso de la población a servicios de promoción, prevención, detección temprana, atención, tratamiento, recuperación, rehabilitación psicosocial e inclusión comunitaria.

La legisladora señaló que, si bien San Luis Potosí cuenta con un marco jurídico que reconoce principios de atención integral, derechos humanos y coordinación institucional, la evolución de las disposiciones federales y los estándares internacionales hacen necesario actualizar y fortalecer la legislación local.

Explicó que la salud mental y las adicciones, no pueden atenderse desde un solo sector, por lo que se requiere una coordinación efectiva entre las instituciones de salud, educación, desarrollo social, trabajo, seguridad pública, protección civil, municipios, universidades, familias, comunidades y organizaciones de la sociedad civil.

Azuara Yarzábal destacó que una atención digna no consiste en separar innecesariamente a las personas de sus familias y comunidades, sino en generar condiciones para brindarles servicios oportunos y cercanos, preservando sus vínculos, autonomía e integración social.

Advirtió que la depresión, ansiedad, adicciones, violencia, aislamiento, autolesiones y suicidio representan desafíos que requieren atención prioritaria, por lo que consideró indispensable establecer una política pública permanente de prevención del suicidio, sustentada en evidencia científica, coordinación interinstitucional, capacitación, seguimiento, atención de crisis, servicios accesibles y recursos presupuestarios identificables.

La iniciativa también contempla acciones específicas para proteger la salud mental de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, al considerar que estas etapas son fundamentales para el desarrollo emocional, social y educativo.

En este sentido, plantea que la prevención en los centros escolares se base en los derechos humanos, la confidencialidad, el interés superior de la niñez, la perspectiva de género y la no discriminación.

Asimismo, propone que las instituciones educativas cuenten con protocolos para identificar señales de alerta, brindar primeros auxilios psicológicos, activar redes de apoyo, proteger la privacidad y canalizar oportunamente a las personas estudiantes a los servicios especializados, además de dar seguimiento a los casos que requieran atención psicológica o psiquiátrica.

Finalmente, la propuesta establece que la Secretaría de Salud deberá contar con indicadores que permitan identificar las necesidades de atención por grupos de edad, territorios y niveles educativos, desde la niñez hasta las personas adultas mayores. Además de que la información permitirá orientar de manera más efectiva los recursos, servicios y acciones preventivas, sin generar etiquetas ni estigmatización, sino garantizando una atención adecuada a las necesidades de cada sector de la población.

La iniciativa será turnada a la Comisión de Salud y Asistencia Social; y Hacienda del Estado del Congreso del Estado para su análisis y dictamen correspondiente.