La aplicación de las nuevas leyes anticorrupción va a generar que la Procuraduría General de Justicia requiera de 110 millones de pesos adicionales a su presupuesto para operar sus nuevas responsabilidades, convertida ya, en la Fiscalía General del Estado, informó el presidente de la Comisión de Seguridad Pública diputado Manuel Barrera Guillén.

La preocupación primordial de los legisladores es resolver la disyuntiva que plantea el tema presupuestal, toda vez que el presupuesto de la PGJE para 2017 está planteado en 890 millones de pesos que, “podrían sonar como mucho o suficiente para las tareas que realiza, pero a la hora de hablar de la aplicación de las nuevas leyes, nos enfrentamos a un faltante significativo”.

Por ello es importante que en la Cámara de Diputados se resuelva el tema de cómo le harán los estados para el funcionamiento y la operatividad de las nuevas Fiscalías Generales, qué medidas presupuestales se van a tomar para salvar y solventar su existencia, porque el próximo año deben estar en operación.

Barrera Guillén señaló que con la nueva iniciativa que envió el presidente de la República Enrique Peña Nieto al Congreso, en relación a la creación de la Fiscalía General y las repercusiones que ello puede tener en los estados, “esperamos que antes de que concluya este año ya se tenga un criterio definido por parte de los diputados federales, ya que al final de cuentas los estados debemos ir en sintonía con lo que se apruebe en la Federación”.

“Tuvimos una reunión con el procurador de justicia y antes de hablar de leyes anticorrupción, lo que nos preocupa es el presupuesto de la Procuraduría ya que requiere de unos 110 millones de pesos adicionales para operar las obligaciones que se le vienen, por ello, requerimos una postura del ámbito federal porque no podemos anticipar nada”, expuso.

Asimismo dio a conocer que una vez terminado el periodo ordinario de sesiones el 15 de diciembre, se programarán varios periodos extraordinarios para solventar las reformas derivadas de la dinámica legislativa federal que modificó varios ordenamientos, los cuales deben ser homologados desde lo local.

El diputado Manuel Barrera señaló que el tema no tiene que ver con rezago sino con carga de trabajo, porque son muchas leyes las que se deben adecuar a las reformas federales, independientemente de que comisiones como la de Puntos Constitucionales tienen enorme carga de trabajo que han desahogado a buen ritmo.